Martín Pullaro, hermano del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, fue víctima de un violento asalto en su vivienda ubicada en un barrio privado de la localidad de Piñero, a 15 kilómetros al sur de Rosario. El hecho ocurrió el sábado por la noche cuando al menos tres delincuentes ingresaron al domicilio mientras el propietario salía a revisar el medidor de luz tras un corte de energía.

Durante el asalto, Pullaro y su esposa fueron maniatados por dos de los ladrones, mientras un tercero permaneció de guardia en la entrada. Los delincuentes recorrieron la vivienda y se llevaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y la grabadora de las cámaras de seguridad del barrio cerrado, que habría registrado el ingreso al predio. Según las primeras hipótesis, el corte de luz podría haber sido provocado intencionalmente como parte del plan delictivo.

Las víctimas lograron liberarse pasadas las 22 y dieron aviso a la policía. La investigación apunta a que los asaltantes ingresaron rompiendo un tramo del cerco perimetral del barrio privado. Además, habría un cuarto sospechoso que actuó como campana desde las inmediaciones.

Tras la denuncia, la policía inició el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los autores del robo. Según fuentes del caso citadas por Cadena 3, se trata de un hecho “al voleo”, y las víctimas no sufrieron agresiones físicas durante el atraco.

El episodio se produce en un contexto de alta tensión para la familia Pullaro. En enero, semanas después de asumir como gobernador, Maximiliano Pullaro decidió sacar a su familia de Rosario tras recibir amenazas vinculadas a sus políticas de seguridad y combate al narcotráfico. “Lo lamento por lo que hago pasar a mi familia, pero yo voy a seguir adelante”, había declarado entonces.

Desde su asunción, el mandatario recibió mensajes intimidatorios provenientes de internos vinculados al crimen organizado. Las amenazas comenzaron tras el endurecimiento de las condiciones en las cárceles de Santa Fe, en el marco del plan oficial para impedir que los delitos sigan siendo comandados desde prisión.